Cuba autorizará la inversión extranjera en todos los sectores menos en educación, salud e “instituciones armadas” y establecerá exenciones tributarias para beneficiar a las empresas foráneas.
El proyecto de ley que promueve el Gobierno de Raúl Castro asegura que la entrada de capital extranjero “podría ser autorizada en todos los sectores, excepto en los servicios de salud y educación a la población y todas las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales”, según informó el diario oficialista Juventud Rebelde.
A su vez, el periódico adelantó que la intención es que el proyecto de ley que sea aprobado por el Parlamento cubano el próximo sábado.
Con esta ley, el Gobierno de Castro busca atraer capital extranjero para garantizar el acceso de Cuba a nuevas tecnologías, mercados de exportación y fuentes de financiamiento, y así desarrollar nuevas fuentes de empleo y sustituir importaciones, en especial en el sector de los alimentos.
La acción no es aleatoria. Recientemente el gobierno de Castro creó la Zona Especial de Desarrollo del puerto de Mariel, considerada la más importante obra de desarrollo que se ejecuta en su territorio.
De acuerdo con el rotativo oficial, la nueva ley “busca proveer a los inversionistas extranjeros de plena protección y seguridad jurídica”, por lo que sus inversiones “no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros”.
En cuanto a beneficios fiscales, se prevén exenciones del pago de impuestos sobre los ingresos personales “a los inversionistas extranjeros socios en empresas mixtas, o partes en contratos de asociación económica internacional”.
El tipo impositivo sobre utilidades netas será del 15 por ciento, aunque este puede aumentarse por decisión del Consejo de Ministros hasta un 50 por ciento cuando “concurra la explotación de recursos naturales, renovables o no”.
Asimismo, los inversionistas podrían ser beneficiados también “con bonificaciones de hasta el 50 por ciento en varios impuestos”.
Finalmente, la nueva ley de Inversión Extranjera modificará la vigente desde 1995 con el objetivo de adecuarse a las reformas económicas que impulsa el Gobierno para “actualizar” su modelo socialista.
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